El calentamiento del sistema climático es inequívoco, atribuible a la actividad humana con una evidente certeza y está causado, esencialmente, por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el uso de combustibles fósiles y el cambio en los usos del suelo.
El aumento de las temperaturas y sus consecuencias, los grandes períodos de sequías, las inundaciones debidas a lluvias torrenciales, la pérdida del suelo fértil, el aumento de los incendios forestales y la elevación del nivel del mar, se sitúan entre algunos de los efectos más negativos que se vinculan en España, sin dificultad, al cambio climático y a los que el planeamiento territorial y urbanístico debe tratar de dar respuesta con carácter preventivo. La mitigación de los efectos del cambio climático se muestra, por tanto, como una obligación y una urgencia, a la vez que la adaptación constituye una necesidad.
El incremento de la urbanización y la reducción de la permeabilidad del suelo provoca una reducción de la capacidad de absorción del agua caída y un aumento de la velocidad de ésta hasta su llegada al mar. Esta reducción, junto con un aumento de los episodios de lluvia torrencial, aumenta la probabilidad de inundaciones
La recurrencia de períodos de sequía extrema durante largos períodos temporales compromete la economía de muchos territorios rurales habida cuenta que los mismo son preminentemente agrarios, por lo que hace a estos territorios muy vulnerables frente a las variaciones climáticas.
Estos factores alertan también sobre la oportunidad de la resiliencia, entendida como la capacidad de las comunidades para resistir, adaptarse y recuperarse frente a las perturbaciones de su entorno, concepto que resulta clave para enfrentar un clima cambiante y variable.
Por tanto, a la vista de todo lo señalado, el mundo rural se asemeja a un oasis ya que el volumen o la importancia de las actividades que se desarrollan en el medio rural tienen un coste ambiental muy inferior a las actividades urbanas, no obstante, todas las actividades desarrolladas se llevarán respetando el medio ambiente y mitigando lo máximo posible su impacto ambiental. Es necesaria una organización de los territorios que permita encarar el futuro, con una mayor capacidad de anticipación y una reducción de las incertidumbres.
Objetivos específicos
Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio cluimático y avanzar en su prevención.
En cualquier caso, aun conteniendo la emisión de gases de efecto invernadero, los territorios deberán adaptarse a los impactos antes enunciados, siendo para ellas un verdadero reto, como lo es también generar y aplicar una adecuada cultura de eficiencia energética.
Una planificación territorial y urbana que se adapta a los efectos del cambio climático y que avanza en su prevención permitirá optimizar y reducir el consumo de energía y de agua y ser más eficientes energéticamente.
Estos planes pueden ser, por tanto, los mejores aliados para reducir la contaminación del aire, del agua, del suelo y del subsuelo y para abonar una adecuada gestión de los propios recursos también.